España, nación de tahúres con carné oficial
Hubo un tiempo en que el pícaro español se escondía tras la esquina, aguardando la ocasión para hurtar una gallina, engañar a un mercader o falsificar una bula. Era un oficio humilde, casi artesanal. Hoy hemos progresado. El pícaro ya no teme a la luz del día. Comparece ante las cámaras, concede entrevistas, pontifica sobre ética pública y, si la suerte le sonríe, termina legislando sobre los delitos que ayer mismo cometía.
Si Quevedo levantara la cabeza, pediría inmediatamente que la volvieran a cerrar. No por miedo a los espectros, sino por espanto ante los vivos.
Nuestra política moderna se parece a esas compañías de cómicos ambulantes que recorrían los caminos del Siglo de Oro. Los actores cambian de máscara, pero la trama es siempre la misma. Unos prometen regeneración mientras reparten cargos como quien arroja mendrugos a las palomas. Otros claman contra la corrupción con una mano y con la otra sujetan el expediente judicial de algún correligionario inoportuno. Todos juran servir al pueblo, criatura mítica que, al parecer, existe únicamente durante las campañas electorales y desaparece misteriosamente en cuanto se cierran las urnas.
La izquierda acusa a la derecha de amenazar la democracia. La derecha acusa a la izquierda de destruir la nación. Los nacionalistas aseguran que son víctimas de Madrid mientras negocian con Madrid los privilegios que niegan al resto. Los partidos emergentes envejecen a velocidad de vértigo y, antes de cumplir una década, ya presentan las mismas enfermedades que prometían curar.
Resulta admirable.
Han conseguido convertir la contradicción en una forma superior de coherencia.
En España nadie dimite ya por vergüenza. La vergüenza es un vestigio arqueológico, una pieza de museo junto a los dinosaurios y los teléfonos con cable. Cuando estalla un escándalo, el político moderno no se disculpa. Se victimiza. No responde preguntas. Ataca al preguntador. Si las pruebas son incontestables, denuncia una conspiración. Si la conspiración fracasa, denuncia una campaña de odio. Y si todo se derrumba definitivamente, encuentra acomodo en algún consejo asesor donde cobrará una fortuna por explicar exactamente aquello que no supo hacer cuando ocupaba el cargo.
Mientras tanto, el ciudadano contempla el espectáculo con una mezcla de indignación y resignación. Como el pasajero del Titanic que ya no corre hacia los botes porque sospecha que los remeros son los mismos que chocaron contra el iceberg.
Las sesiones parlamentarias ofrecen un entretenimiento notable. Allí acuden sus señorías a intercambiar insultos que en cualquier taller mecánico serían considerados de escasa imaginación. El adversario ya no está equivocado. Es fascista, bolivariano, golpista, vendido, corrupto, traidor o alguna combinación de las anteriores. El debate político ha alcanzado tal refinamiento intelectual que un enfrentamiento entre hinchas rivales de tercera regional parece una tertulia de académicos florentinos.
Y, sin embargo, todos coinciden en algo.
Jamás sobra dinero para la estructura que los mantiene.
Faltan médicos. Faltan jueces. Faltan viviendas. Faltan infraestructuras. Faltan salarios dignos. Pero nunca faltan asesores, observatorios, comisiones, subcomisiones, oficinas estratégicas, direcciones generales y organismos cuya utilidad práctica permanece tan oculta como la localización exacta del Santo Grial.
La burocracia española ha desarrollado una capacidad reproductiva que haría palidecer a los conejos australianos. Cada problema genera una comisión; cada comisión produce un informe; cada informe engendra otra comisión encargada de estudiar por qué el informe anterior no resolvió nada.
Y así transcurren los años.
Los ciudadanos trabajan, pagan impuestos, soportan normativas cada vez más complejas y observan cómo sus gobernantes convierten cualquier asunto en una guerra tribal. La energía, la vivienda, la inmigración, la educación o las pensiones dejan de ser problemas reales para transformarse en proyectiles arrojadizos con los que bombardear al rival.
No se gobierna.
Se combate.
No se persuade.
Se etiqueta.
No se construye.
Se tuitea.
Y cuando uno cree haber tocado fondo, aparece una nueva polémica capaz de hundir varios metros más la excavación nacional.
Quizá ahí resida el verdadero genio de nuestra época. España ya no es aquel país donde los pícaros intentaban engañar al sistema. Hemos perfeccionado el invento. Ahora el sistema entero parece organizado para determinar qué clase de pícaro obtiene el despacho más grande.
Larra, que contempló una nación emperrada en tropezar con las mismas piedras, escribiría hoy con una tinta mezclada a partes iguales de ironía y desesperación. Y tal vez concluiría, como entonces, que el problema no consiste en la estupidez de nuestros dirigentes, sino en la asombrosa capacidad colectiva para sorprendernos cada vez que actúan exactamente como llevan décadas actuando.
Porque en esta vieja piel de toro hay algo más constante que el sol, la lluvia o las mareas.
La eterna esperanza de que el próximo vendedor de milagros resulte ser, al fin, un gobernante.
Y la eterna evidencia de que suele ser simplemente otro vendedor.
